Primero los ciudadanos del presente, después la Constitución

Escrito por Hugo Mora Poltronieri

En su artículo del pasado 12/10/09 en LPL, el Dr. Eliseo Valverde la emprende contra quienes proponemos un cambio constitucional para que Costa Rica deje de ser el único Estado confesional en el continente y pase a ser un Estado laico, como lo son todos los países con historial democrático y, por tanto, respetuosos de los derechos humanos. Se duele de que se pretenda “quitarle a la Iglesia Católica (IC) costarricense la ayuda del Estado”, ayuda que, como sabemos, no necesita para nada puesto que su extraordinaria solidez financiera le permite hasta invertir en toda clase de negocios, con altos rendimientos. En las actuales penurias económicas por las que pasa el Estado, si ella por propia iniciativa renunciara a esos dineros y a sus numerosas exenciones fiscales, gran servicio nos haría a todos los ciudadanos, incluyendo a los que todavía se reconocen como católicos.

Alude el doctor al credo católico como el de la mayoría de los costarricenses, lo que justificaría su condición de religión oficial. Sin entrar en el absurdo de que un ente abstracto como el Estado pueda tener religión, sobre todo en estos tiempos (salvo en relación con ciertos países musulmanes con gran rezago en derechos humanos), el caso es que las realidades cotidianas, a falta de un instrumento confiable por aplicar, nos aseguran que ya no es ese el caso. La sociedad costarricense del siglo XXI difiere en mucho de la que se reflejó en la Constitución actual, la de 1949, cuando se podía hablar de mayoría católica sin tapujos. No es este el caso hoy día. Y puesto que los ciudadanos somos el elemento esencial del Estado, este está en la obligación de reconocer las nuevas realidades sociales y políticas, so pena de alentar un clima de inestabilidad y fricciones crecientes dentro del cuerpo social. En cuanto a la autoridad moral de la IC, tanto aquí como en el resto del mundo, sería penoso volver a referirse a este punto crucial después de los escándalos financieros y por pedofilia que la prensa nacional y mundial han hecho públicos, esto último impensable en tiempos pasados.

El tipo de manifestaciones que presenta el distinguido galeno es propio del que exhiben todos los miembros de cualquier grupo, mayoritario o hasta minoritario, cuando se creen en posesión absoluta de la Verdad (¡). Es parte de una ideología que ve en todo lo suyo lo apropiado, lo correcto, lo normal y hasta lo natural. Es el tipo de ideología que hacía que los propietarios de esclavos en los EE. UU. y los señores del /Ancien Régime/ (curas y nobles), en la Francia prerrevolucionaria donde el pueblo carecía de todo derecho, sintieran que vivían en “el mejor de los mundos” y se extrañaran de que sus siervos pretendieran hacer cambiar el statu quo. Y la confirmación de tal aserción podía justificarse con incontables ejemplos, siendo el más importante los numerosos casos que, dentro de la mismísima Biblia, avalaban tal estado de cosas.

Lo que se desea con el Estado laico no es otra cosa que hacer del nuestro un país más democrático. Puesto que en él todos los credos, religiosos o no, tendrían la misma situación gracias a la neutralidad estatal, dejarían de existir los ciudadanos de segunda clase: aquellos que no profesamos la religión oficial. Porque dígase lo que se diga, aunque aquí haya libertad de cultos, en la práctica esto no es más que un atropello a la justicia y una hipocresía jurídica. Lo primero: la contribución estatal hacia la IC, además de innecesaria, es algo que también pagamos los no católicos; lo segundo, porque es en múltiples situaciones de la vida diaria donde se nos impone la visión católica, parcializada, del mundo: en las escuelas y colegios públicos, donde el Estado se convierte en adoctrinador; ahí mismo, donde por tal motivo, niños y adolescentes son discriminados cuando profesores y compañeros descubren a los “raros”, los que se apartan de la creencia “correcta”; en los lugares de trabajo, donde con cuadros, crucifijos y rezos se separa el grano de la paja; en la mayoría de las instituciones públicas, donde con el dinero de todos se construyen capillas para el culto católico. Y hasta el inexcusable servilismo de ciertos desconocidos, aspirantes a diputados de Liberación que, en un gesto inaudito en la política nacional, se hacen eco públicamente de los infundios de su pastor religioso para tomar posiciones propias del más fundamentalista de los Estados musulmanes. Etc.

En cuanto al juramento, no es que se trata de “sacar a Dios de la Constitución” (lucubración demagógica, puesto que se lo supone en todas partes), sino de, al menos, incluir una opción en el artículo para que los no creyentes puedan jurar por sus propias convicciones. Esto sería promover la autenticidad y no la hipocresía, como ha quedado demostrado con altísimos personajes públicos, paradigmas de la moralidad y del catolicismo más acendrados, hoy en día en la picota por sus desmanes con los dineros públicos. Está de más, por lo indicado, referirse, como el doctor, a “la moral y las buenas costumbres”, al parecer patrimonio exclusivo de los católicos juramentados así. Argumento que él utiliza en cambio, sin pruebas, para desautorizar a quienes hemos ejercido cargos públicos honestamente sin contar con el “seguro” que debería brindar el juramento que se nos impone a todos, en contra de valores superiores como son la libertad de expresión y de conciencia.

Este artículo es en respuesta a este otro publicado en La Prensa Libre sobre el tema de Estado laico.